Garantizar el libre acceso a las actividades del sector servicios y eliminar obstáculos administrativos que hoy tienen que sortear las empresas a la hora de ejercer dichas actividades son los objetivos de las reformas aprobadas por el Consejo de Ministros ayer para el sector terciario: un proyecto de ley para transponer a España la directiva de servicios de la Unión Europea, que equivale a abrir este segmento al mercado único europeo, y un anteproyecto que introduce en 46 leyes nacionales los cambios precisos para garantizar su aplicación a todas las áreas. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, espera que esas innovaciones creen 200.000 empleos, incrementen el PIB un 1,2% y mejoren la productividad.

La directiva europea de servicios, que los Estados de la UE deben incorporar a sus ordenamientos antes de fin de año, pretende instaurar a escala continental un mercado único de servicios. Para ello, hay que homogeneizar en un sentido liberalizador las veintisiete legislaciones nacionales y, no menos importante, derribar las barreras burocráticas que retrasan el desarrollo de actividades entre países. En España, el espíritu que impregna la reforma es la supresión de la obligatoriedad de recabar con carácter previo permisos innecesarios que retrasan el comienzo de la actividad. Se trata, en palabras de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, de eliminar «trabas anacrónicas» y superar la «tradición de pedir autorización para todo».

Por regla general, esas autorizaciones se sustituirán por comunicación o declaración responsable que podrá ser revisada por las autoridades. Eso, que en la práctica supone libertad de establecimiento y de prestación de servicios, será válido al cien por cien, para las actividades industriales, el sector energético y las telecomunicaciones. Pero como en todo, hay excepciones: la administración podrá exigir requisitos previos a la libre prestación de servicios cuando lo crea justificado por razones de salud pública, protección del medio ambiente u orden público. En esos casos, los trámites serán «proporcionados» y «no discriminatorios por razón de nacionalidad o domicilio social».

Cambios para crecer

Rapidez: Supresión de la obligatoriedad de recabar con carácter previo permisos hoy imprescindibles, pero que son innecesarios y retrasan el comienzo de la actividad.

Agilidad: Procedimientos más sencillos y libres de duplicidades para la inscripción en registros, la apertura de nuevos establecimientos y la renovación de permisos.

Uniformidad: Ventanilla única para realizar todos los trámites europeos, nacionales, autonómicos y locales precisos para desarrollar la actividad en cualquier país de la UE.